Educación

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03 enero, 2024

Educación

La pobreza de 36,5% a nivel país en realidad esconde una disparidad muy pronunciada según la edad: en edades de más de 65 años es de 12%, mientras que en edades de hasta 14 años es de 51%.

Al mismo tiempo, en los hogares de los deciles más bajos de ingresos la cantidad de menores a cargo se multiplica por 7 respecto a la de los deciles más altos. Así, se están perpetuando las condiciones de pobreza intergeneracional: el simple paso del tiempo hará aumentar la pobreza en Argentina. Y por eso urge redoblar todos los esfuerzos para torcer esa dinámica, condiciones que van a estar concentradas en la atención de niños y adolescentes, muy especialmente en el ámbito escolar. Esta debe ser, sin ninguna duda, la principal prioridad de políticas públicas, de modo de romper con la lógica de sociedad dual que se va enquistando año tras año. 

En ese marco, sin embargo, el destino presupuestario de políticas públicas a los adultos mayores multiplica en 2,2 veces el presupuesto destinado a la niñez.

Argentina tiene un gasto en educación relativamente alto, y desempeño escolar relativamente bajo. . Mucho gasto y poca eficacia se repite en otras áreas (salud, asistencia social, infraestructura, justicia, etc)

Según la UNESCO en 2019 un 40% de los chicos de tercer grado no leía ni escribía correctamente. Sólo la mitad de los estudiantes concluye el nivel secundario, apenas 16% sin repetir y con aprendizajes significativos en Lengua y Matemática (Observatorio Argentinos por la Educación 2022). 

En los últimos 10 años la inversión en educación en Argentina osciló entre un 4,2% y 5,9% del PBI, porcentaje similar a Chile (5,4%) y Uruguay (5,1%), pero con un  desempeño muy inferior en PISA (Argentina alcanzó 402 puntos en lectura, mientras que Chile 452 y Uruguay 427). Dado que 40 puntos equivalen a un ciclo lectivo según la OECD, estamos un año rezagados en relación a Chile y medio año en relación a Uruguay. No hay ley nacional de formación docente y son muy dispares los estándares. 

Hay 1500 institutos de formación docente a nivel país (+70 universidades), 81 en CABA. Francia tiene 8, Brasil 6, Colombia 5 y Chile 4. Se ofrecen profesorados no siempre necesarios (violoncello etc). Y mientras tanto la formación en lengua y matemática no es lo suficientemente adecuada. La buena formación en pocas cosas también permite mejorar la dinámica del aula porque jerarquiza al docente, le da mayor confianza y reputación al dotarle de mayores habilidades transversales como trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación o fomento de pensamiento crítico. Al mismo tiempo, al tener mejores herramientas para el dominio del aula, esto redunda en mejores condiciones laborales. Faltan herramientas pedagógicas, por ejemplo sobre como resolver casos de violencia en las aulas e intrafamiliares, etc. 

Diferencias de presupuesto por habitante por provincia. Por ejemplo, gasto por alumno en 2019: Neuquén $190 mil, TdF $147 mil, Chubut $146 mil, Sta Cruz $139 mil, Caba $134 mil. Mientras que Sgo del Estero $52 mil (y construye estadios de fútbol), Misiones $55 mil, Corrientes $61 mil, Salta $65 mil, Chaco $69 mil. Hay una disparidad de entre 3 y 4 veces! Son las provincias con peores desempeños en Aprender las que deberían tener mayor gasto por alumno.

Los problemas de escolaridad, medidos como sobreedad o deserción escolar, afectan al 30% de los chicos entre 6 y 19 años, pero se eleva a 60% en las edades correspondientes a la etapa final del secundario. Estos problemas están estrechamente vinculados con los ingresos y educación de los padres, con el hecho de si son dos los adultos a cargo o uno, o con el hacinamiento dentro del hogar, poniendo en evidencia una perpetuación del problema que es necesario romper. 

Rol anecdótico del Consejo Federal de Educación y no hay un ámbito de planificación federal, de monitoreo y mucho menos de metas o estándares mínimos. No hay datos unificados a nivel país, por ejemplo nivel de ausentismo.

Hoy las escuelas realizan mucha tarea de back office que no deberían estar haciendo. Los directores de escuela no tienen tiempo de supervisar a los docentes o diseñar con ellos diferentes estrategias por tener que dedicar mucho tiempo y presupuesto al papelerío.

Nosotros queremos jerarquizar el trabajo docente, pero no podemos desconocer que en paralelo tiene que trabajarse sobre el nivel de ausentismo, suplencias innecesarias, programas duplicados o estructuras ineficientes. 

Experiencia de política comparada

 

  • La “Estrategia de cero a siempre”, implementada en Colombia desde 2011 viene haciendo esfuerzos sistemáticos para mejorar la calidad de los aprendizajes de los más pequeños, con un sistema de medición en diferentes áreas -motora, cognitiva, emocional y de vocabulario- y muy buenos resultados. 

  • Portugal centró sus políticas en mejorar los aprendizajes fundantes del nivel primario, logrando ser uno de los pocos países de la OECD con mejoras sostenidas en los resultados de PISA desde el año 2000.

  • Río Negro logró universalizar una propuesta de innovación en el nivel secundario designando los docentes por cargo, organizando el currículum por áreas, implementando un régimen de aprobación cuatrimestral (en vez de anual) que desarma la promoción en bloque y, por lo tanto, la repitencia por año.

 

Propuestas

  • Mejorar los aprendizajes prioritarios de lengua y matemática, que abren puertas a otros aprendizajes. Tener docentes mejor formados, para lo cual nos concentraremos en implementar una formación continua de los mismos como hizo Río de Janeiro (idealmente con 2 horas semanales destinadas a esa formación). Al ser una formación sobre la marcha, la idea es tener efectos de corto plazo y no tener que esperar 4-6 años a que egresen nuevos docentes. Es una estrategia que probó ser exitosa en otros lados (estados de Ceará y Pernambuco en Brasil), y que requiere mucho involucramiento y conducción por parte del Estado local, propiciando ámbito de intercambio de miradas entre directores y docentes, diseños conjuntos, experiencias compartidas, etc, como si fuera un ateneo educativo, para tener mejores herramientas (y puntos de soporte) para enfrentar problemáticas que se manifiestan de manera recurrente en el aula. Formación de directores, queremos formarlos para esa función, especialmente en su ejercicio de liderazgo. Vamos a asegurar que inicien la carrera docente con condiciones mínimas (examen psico-físico, además de disposición para la docencia y comprensión lectora) y renovar las prácticas de formación.  Espacios de formación. Organización y eficiencia en los espacios. Mejorar los espacios y que los contenidos sean más efectivos, espacios pedagógicos.

  • Debido a las masivas problemáticas sociales y altos niveles de conflictividad que se reflejan en el aula, apuntamos a tener un apoyo de un psicopedagogo/a por escuela, quienes ayudarán junto con el director y los docentes a diseñar una estrategia para atemperar los conflictos y emerger como interlocutores en un diálogo individual (o grupal) con alumnos y padres.

  • Haremos un replanteo del presupuesto Nacional en educación, delegando la totalidad de los sueldos a las provincias y aumentando el presupuesto en formación docente.

  • Establecimiento de metas nacionales de mejora educativa para cada una de las provincias (teniendo en cuenta el punto de partida de cada una). Diálogo conjunto para establecer una estrategia para conseguir esas metas. )

 

  • Rol del Ministerio Nación

Uno de esos temas es el rol del ministerio nacional. El ministerio nacional tuvo siempre un rol importante en el financiamiento, la construcción de escuelas, el currículo, la evaluación o la formación docente, aunque la educación primaria fue responsabilidad de las provincias desde 1853.

En los ‘90, mientras transfería las escuelas secundarias, privadas e institutos de formación docente a las provincias, el ministerio nacional construyó y amplió escuelas, montó un sistema nacional de información, inició las evaluaciones nacionales del aprendizaje, implementó junto con las provincias una reforma de los contenidos y los niveles, y acompañó con mayor intensidad a las escuelas más vulnerables.

Desde la década de 2000 esos espacios de injerencia se mantuvieron y otros cobraron mayor relevancia, como el pago complementario de los salarios docentes a través del FONID, la implementación de una cantidad creciente de programas nacionales específicos, la creación de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Formación Docente o el incremento del financiamiento para becas estudiantiles o la educación técnica.

La Ley de Educación Nacional de 2006 define que la Nación está a cargo de elaborar contenidos mínimos, evaluar los aprendizajes, recolectar información sobre el sistema educativo, compensar desigualdades entre provincias y escuelas, acreditar y homologar los títulos y certificados, implementar programas específicos, formar docentes en ejercicio, coordinar el federalismo y financiar las universidades.

Las provincias son responsables de crear y administrar las escuelas y los cargos docentes, financiar los salarios y definir las condiciones laborales de los docentes, establecer las normas que rigen la vida cotidiana del sistema educativo, adecuar los contenidos nacionales al contexto local, formar a los actuales y futuros docentes, implementar políticas específicas, y supervisar las escuelas.

Hoy está en cuestión la eficacia con la que la Nación ejerce sus responsabilidades. La información que se produce es insuficiente, inexacta y se utiliza poco. Los aprendizajes prioritarios conviven con otras normas curriculares y no rigen con la misma fuerza en todo el sistema educativo. Las normas del Consejo Federal de Educación se implementan de manera muy variable. Los requisitos para la validez nacional de los títulos son muy laxos. Los programas nacionales son homogéneos, fragmentarios, discontinuos y no parecieran estar logrando las mejoras buscadas.

El financiamiento. Hoy el 60% del presupuesto nacional se destina a las universidades, mientras que la inversión nacional en la educación obligatoria es crucial por las deudas que esta presenta, por la necesidad de compensar desigualdades interprovinciales y porque las provincias destinan casi todo el presupuesto a los salarios docentes. La inversión en infraestructura, equipamiento, formación, becas y otros apoyos depende en gran medida de fuente nacional. Sin embargo, del 40% destinado a la educación obligatoria 11% se destina también a salarios docentes, 12% a infraestructura y 5,4% a becas estudiantiles. En cambio, para la formación docente se destina menos del 3%. 

La producción de información. El relevamiento en papel de los datos esenciales del sistema educativo, con la imprecisión y desactualización que supone, podría reemplazarse por un sistema de gestión federal de las instituciones adecuable a cada provincia que aliviara la carga administrativa de los directores y produjera información nominal digitalizada. 

. ¿Es el momento en la posguerra educativa en la que estamos?

Las políticas de mejora. Aunque algunas provincias reclaman más autonomía frente al ministerio nacional, muchas carecen de las condiciones financieras y técnicas para ejercerla. Las políticas nacionales son relevantes para generar pisos comunes, equidad y cambios que no suelen gestarse en las provincias. Sin embargo, habría que establecer metas federales comunes, invertir de manera más justa y eficiente, salir de la “programitis” para ir hacia una mirada más integral, y trabajar más codo a codo con las provincias.

La validez nacional de los títulos. El ministerio nacional de educación tiene la potestad de definir los criterios de validez nacional de las titulaciones. De cara a los títulos docentes, esos criterios de validez podrían ser más exigentes. Hoy solo se evalúan los diseños curriculares. Podrían establecerse criterios de calidad de las instituciones y de la formación.

  • Rol del Consejo de educación 

El Consejo Federal de Educación (CFE) es el organismo que decide y coordina la política educativa nacional con el objetivo de lograr un sistema educativo nacional integral y articulado. El CFE está formado por una Asamblea General, un Comité Ejecutivo y una Secretaría General.

Definir funcionamiento no solo de este sino de todos los consejos, sus acciones son no vinculantes y el gasto es innecesario. Se sostiene la estructura.

Ver cantidad de consejos en el país. Crear uno único que trate todas las temáticas según la necesidad. 

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