Desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana FISU

La política hacia los barrios populares a nivel nacional tiene una larga historia de luchas y reivindicaciones, pero es a partir del año 2016 cuando se logra realizar el primer relevamiento que comienza a perfilarse una intervención a largo plazo. Al año siguiente se crea el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares)[1] y comienza a implementarse la política de entrega de certificados de vivienda. Ambas iniciativas son el antecedente para la la sanción de la ley 27.453 en el año 2018, donde se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el RENABAP y se suspenden los desalojos en los barrios que allí figuran por el periodo de 4 años, entre otras cuestiones. La Autoridad de Aplicación de la ley es la SISU (Secretaria de Integración Socio Urbana).

Al año siguiente, en el 2019, se crea el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana)[2], que tiene por destino la urbanización e integración socio urbana de los asentamientos y barrios populares, el otorgamiento de créditos, subsidios y soluciones habitacionales, el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio-urbana y regularización dominial.

Con respecto al relevamiento realizado, en nuestro país hay 5.687[3] barrios populares, de los cuales 1.933 radican en la Provincia de Buenos Aires y 50 en la Ciudad de Buenos Aires. Más de la mitad de los que se encuentran en pie fueron conformados a partir del año 2000, y, en particular, el 22,7% se erigieron en la década de 2010. Éstos barrios además de presentar fragilidad habitacional en términos de calidad de la vivienda y acceso a los servicios públicos no cuentan con tenencia regular de los terrenos ni de las viviendas, lo que ocasiona el sostenimiento de una total informalidad en las relaciones de alquiler y de compra venta, como así también en relación a las normas de edificación resultando su gran mayoría en viviendas deficitarias.  

La Secretaria de Integración Socio Urbana, quien tiene a cargo la realización de obras y de los procesos de regularización dominial de los barrios, se financia a través de 3 fuentes: Fondo de integración socio urbana (FISU), Fondos nacionales y BID. La principal fuente de financiamiento de la Secretaría proviene del FISU[4]. Hasta la publicación del Decreto 193/24, el FISU se financiaba casi exclusivamente con el impuesto PAIS (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria), representando el 9% de la recaudación total de ese impuesto. O sea, el 30% del impuesto PAIS se distribuía de la siguiente manera: 30% FISU, 65% obras de infraestructura  y 5% fomento del turismo nacional. Otra fuente de financiamiento del FISU es el “Aporte solidario y extraordinario”, pero dada su naturaleza temporal se puede concluir que el FISU se financiaba principalmente con el impuesto PAIS. A raíz de la publicación del mencionado decreto por la actual gestión de gobierno, se modificaron los porcentajes destinados al FISU. Ahora el 30% del impuesto PAIS se destina a: 1% FISU, 94% obras de infraestructura económica y 5% fomento turismo nacional. Esto significa que la reducción es del 9% inicial al 0,3% actual, refiriéndonos a la recaudación total del impuesto PAIS.

Siendo el impuesto PAIS la principal fuente de financiamiento de la SISU, cabe preguntarse cómo se dará continuidad a las obras iniciadas por la anterior gestión, sean de mejoramiento de viviendas, el programa Mi Pieza, o las obras infraestructura (calles, cloacas, alumbrado, espacio público, entre otras). 

Según datos publicados en un informe realizado por la SISU[5],  durante la gestión anterior se realizaron 1.277 obras de integración, más de 1.500 viviendas nuevas construidas, la generación de 23.909 lotes con servicios, con más de 250.000 mujeres que mejoraron o ampliaron sus casas con Mi Pieza y más de 850.000 familias con el Certificado de Vivienda Familiar. En el marco del Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares se dispuso que las obras a realizarse en los barrios populares debían adjudicarse en al menos un 25% a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios. La importancia de llevar adelante políticas de integración socio urbana redunda no solo en la posibilidad de mejorar el hábitat y la vivienda, sino también en aumentar los indicadores de educación, salud, ingresos laborales, disfrute del espacio público, consumos culturales, o sea, una mejor calidad de vida. 

Desde la Fundación entendemos que la política de urbanización de barrios populares es una política de Estado, que por la situación que atraviesa nuestro país en materia económica, social y habitacional, llevará años de implementación para corregir. Ahora bien, por ser una política de Estado, es muy relevante la discusión sobre su funcionamiento y su evaluación. Deben existir revisiones donde poder establecer si la política está funcionando, si es efectiva en resolver el problema y cómo atiende a la población objetivo, en este caso las familias de los barrios populares. Pero de ninguna manera estas iniciativas pueden llevarse adelante con un desfinanciamiento casi total del fondo que administra la Autoridad de Aplicación competente en la materia. Las políticas de urbanización comprometen diferentes ejercicios presupuestarios, y cómo se prolongan en el tiempo, diferentes gestiones. Por lo tanto deben primar criterios de sostenibilidad y sustentabilidad a largo plazo, para que la inversión realizada sea efectiva como así también la continuidad de los procesos. 

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Notas al pie: 

[1] Decreto 358/17

[2] Decreto 819/19

[3] Relevamiento RENABAP 2022

[4] Las fuentes de financiamiento de la SISU en el periodo 2020-2023 fueron las siguientes: Fondos nacionales: 168 millones de USD, BID: 32 millones de USD y FISU: 1.244 millones de USD. 

[5] Informe de gestión Secretaria de Integración Socio Urbana 2020-2023.