Incentivos a las grandes inversiones, (des)incentivos para el desarrollo local: qué efectos puede traer el RIGI para la industria y los sectores estratégicos de la economía

Introducción 

La recuperación económica y atracción de capitales es una bandera que este gobierno impulsa desde el comienzo de la campaña. Tanto la Ley Bases como el Paquete fiscal están orientados a la flexibilización de normas, desregulación y apertura económica, con la justificación última de generar desarrollo y mejorar la inserción internacional de Argentina en el mercado mundial. 

El Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) se encuentra dentro de estas políticas, incluido en el TÍTULO VII de la Ley Bases y abarca a 64 artículos, es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria que busca incentivar las inversiones de más de US$200.000.000 con una estabilidad fiscal a 30 años. Sin embargo, al igual que otros temas incorporados en las políticas del Ejecutivo, carece de un debate de fondo de qué impactos pueden surgir para la economía, la recaudación, industria local, y qué volumen de inversiones se espera generar. En este artículo revisamos cuáles fueron las modificaciones incorporadas en el dictamen del Senado, qué beneficios implica el régimen y traemos a colación las principales voces del debate. Finalmente, proponemos una alternativa elaborada por nuestro equipo de expertos.

Cómo se definió el Régimen dentro del Senado: cambios (in)significativos 

Durante el debate en negociación se aceptaron 5 cambios del proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Según el proyecto, además de promover inversiones, el RIGI tiene como objetivo  promover el desarrollo económico, desarrollar y fortalecer la competitividad de ciertos sectores, incrementar las exportaciones al exterior, generar empleo, entre otros. Cuenta con un plazo de adhesión de 2 años, prorrogable hasta por un año por parte del Poder Ejecutivo. Se estipulan numerosos beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros, entre los cuales los más destacados se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, y también la distribución de dividendos a cero después de un tiempo; la devolución acelerada del IVA, no se aplica el impuesto PAIS ni la tasa de estadística para la importación de bienes. Todo cuenta con una estabilidad fiscal de 30 años para quien adhiera al régimen.

Una de las observaciones que se realizaron en el Senado tenía que ver con que el documento no apuntaba a promover sectores específicos sino que estipulaba fomentar las grandes inversiones en “cualquier sector”. Se acordó que se acotaría a los sectores de  forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. A su vez, como una medida de protección a los proveedores locales, los proyectos deberán contar con al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, siempre y cuando estén en condiciones de mercado. Por último, se modificaron los plazos de cobro para las exportaciones producto del RIGI y efectuadas por los vehículos de proyecto único. Sin embargo, hay que destacar que a pesar de los cambios que se presionaron en el debate no generan cambios sustanciales en el fondo del proyecto. En líneas generales, la especificación de sectores es tan amplia que no acota el régimen. A su vez, el intento de incentivar el desarrollo condicionando a los proyectos a tener inversiones en organizaciones nacionales, se encuentra condicionado y por ende carente de contenido. Al fin y al cabo, se mantienen los excesivos beneficios impositivos con un plazo inédito en la historia.

Disputas empresarias: voces a favor y en contra del RIGI

Durante el debate en el Senado, varias voces del sector empresarial ingresaron a la discusión pública respecto a la conveniencia y/o riesgos del régimen propuesto en la Ley bases. De acuerdo con la revista Forbes, existe una verdadera grieta en el sector empresarial. 

Los sectores minero y petrolero se manifestaron a favor del RIGI, incluso declarando que es un incentivo necesario para los grandes proyectos del sector. Uno de los primeros empresarios que apoyó públicamente el RIGI fue Horacio Marin, CEO de YPF, en su presentación frente al VI Foro Nacional de Energía, Libertad y Seguridad Energética, manifestando que “Sin RIGI no hay GNL”. En la misma línea otros empresarios como Alejandro Bulgheroni (presidente de PAE), Roberto Cacciola (presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros) también manifestaron la necesidad de aprobar el RIGI para impulsar a sus respectivos sectores. 

En el otro costado de la vereda, el principal argumento en contra del RIGI por parte de un sector del empresariado se basa en que dicho régimen creará un clima de competencia desleal, por ende perjudicando a la industria local. El régimen se centra en la política impositiva pero carece de una planificación de política industrial. Sectores como la UIA, ADMIRA, la Federación de Industriales de Santa Fe, CAPESPE y FECENE, manifestaron que este escenario traería al contrario desincentivos para el desarrollo local.

Oportunidades perdidas: desarrollo a futuro, consecuencias ambientales y gobernanza

El RIGI evidencia problemas en numerosos niveles, entre ellos podemos destacar las consecuencias a largo plazo ambientales y de gobernanza. Respecto de las inversiones que se busca atraer, no se está pensando en si estas serán beneficiosas para el país en el largo plazo más allá de una primera inyección de capital en el corto plazo. Al no estar atado el RIGI a una estrategia de desarrollo productivo, no hay garantía de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Finalmente, tampoco se establece una definición sobre por qué otorgar estos beneficios a los sectores agregados por el Senado, en su mayoría  referentes a la explotación de recursos naturales. A su vez, considerando aquellos sectores que más están promoviendo el RIGI en el debate público, se espera (y es lo que se pretende con la estructura del RIGI) que las inversiones que ingresen estén concentradas en la explotación de recursos naturales escasos y en beneficio de los privados. Aparejado a la cuestión ambiental, el RIGI también trae un conflicto de transparencia y participación ciudadana. No se establecen mecanismos claros de rendición de cuentas, transparencia de los proyectos ni solución de controversias con la sociedad civil. 

De este modo, ante la desesperación por atraer capitales a la economía, no se están teniendo en cuenta los impactos que este régimen puede tener a nivel social y productivo. Al no tener una estrategia de desarrollo sostenible en el largo plazo no se tienen mapeados qué sectores se deberían promover para avanzar en la recuperación económica y social del país, sino que se otorgan beneficios a los sectores que más interesan a grandes empresas privadas con necesidad de inversión. Es decir, se prioriza el interés económico de unos pocos en lugar del bienestar comunitario, sin incluir la participación de las poblaciones que serán afectadas por estos masivos proyectos.

Cuál puede ser un punto medio

Tanto GNL como minería son dos sectores estratégicos hacia los cuales está apuntando el RIGI. Por ende, el régimen debería especificarse para dichos sectores de la forma que se envió a la Cámara de Diputados en un principio. En el caso del GNL, puede aprobarse la media sanción con inversiones proyectadas en más de 30.000 millones. Para la minería, se debe tener en cuenta un marco que complemente la actual Ley de Minería con aquellas cosas que los inversores potenciales -con proyectos que van desde los 350 millones de dólares a miles de millones de dólares- sí consideran indispensable para efectivizar la inversión.

Otros sectores, como puede ser el caso del hidrógeno verde, la industrialización de los líquidos ricos del gas natural (exportando butano y metano), u otros de magnitudes y características similares también ameritaría beneficios similares. De todos modos, para evitar los innumerables y graves problemas -con todos sus excesos- del RIGI, consideramos más sano trabajar esos marcos normativos aparte.

El RIGI busca establecer un único modelo y beneficios desmesurados para el total de los sectores de la economía, sin revisar las especificidades de cada sector ni las necesidades de los inversores y productores involucrados. En este sentido, consideramos que es necesario que se trabajen los sectores por separado, contemplando los incentivos específicos que pueden colaborar con la atracción de capitales extranjeros pero también al desarrollo local de la industria. 

Conclusión

Al igual que muchas de las políticas contempladas en la Ley bases, el RIGI tiene una gran falencia al querer abarcar de manera estandarizada una cuestión sumamente compleja. A su vez, carece de un diagnóstico respecto de cómo estos beneficios impositivos y cambiarios pueden brindar un efecto positivo para toda la economía en general, en lugar de concentrarse en algunos sectores productivos.