La existencia de organismos estatales que brinden asistencia y contención a víctimas de trata es fundamental para garantizar la protección y el apoyo integral a las personas que han sido sometidas a este delito. Estos organismos deben estar diseñados con partidas presupuestarias orientadas desde la cuantificación y calificación de las personas rescatadas, lo que permitirá una atención personalizada y efectiva a cada víctima. De esta manera, se puede brindar apoyo integral a las víctimas, incluyendo asistencia médica, psicológica, legal y social, lo que les permitirá superar la situación de vulnerabilidad y explotación en la que se encuentran.

Es fundamental subrayar que estos organismos deben trascender la mera aplicación de la política criminal (investigación, rescate y acceso a la justica) y, en su lugar, deben estar diseñados para brindar un apoyo integral y multidisciplinario a las víctimas, garantizando su acceso a la justicia y su reintegración social. Para lograr esto, es esencial que estos organismos estén integrados por profesionales de diversas áreas, como la medicina, la psicología, el derecho, el trabajo social, la educación y la comunicación, entre otras. Además, es crucial que trabajen en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, que tienen una profunda comprensión de las necesidades y realidades de las comunidades afectadas por la trata. De esta manera, se puede desarrollar un enfoque integral y territorial que aborde las causas profundas de la trata y brinde apoyo efectivo a las víctimas en su proceso de recuperación y reintegración social.

El desfinanciamiento y la eliminación de políticas públicas en Argentina en materia de lucha contra la trata de personas pueden tener consecuencias devastadoras para las comunidades más vulnerables del país.

En primer lugar, la falta de financiamiento y apoyo a las políticas públicas de lucha contra la trata puede llevar a una disminución en la capacidad del Estado para prevenir y combatir este delito. Esto puede resultar en un aumento en el número de víctimas de trata y en la explotación de personas, especialmente mujeres y niños.

Además, la eliminación de políticas públicas en esta materia puede llevar a una falta de coordinación y colaboración entre los distintos sectores del gobierno, lo que puede debilitar la respuesta del Estado ante este delito. El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, creado para coordinar y articular las políticas públicas en esta materia, puede verse afectado por estos cambios.

Las consecuencias de estas decisiones pueden ser especialmente graves para las comunidades más vulnerables, como las mujeres y los niños, que son los más afectados por la trata de personas. La falta de protección y apoyo puede llevar a una mayor exposición a la explotación y la violencia.

Es vital que se mantengan y fortalezcan las políticas públicas de lucha contra la trata de personas en Argentina, y que se garantice la coordinación y colaboración entre los distintos sectores del gobierno para abordar este delito de manera efectiva.

Pérdida de política pública en la lucha contra la trata y explotación de personas. 

En el mes de abril 2024 el cambio de órbita del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, de la Jefatura de Gabinete de la Nación al Ministerio de Seguridad de la Nación, generó una modificación significativa en su misión inicial.

Originalmente, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas estaba diseñado para funcionar en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con representantes de diversos ministerios, como Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Su objetivo principal era diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención para prevenir y combatir la trata y explotación de personas, y proteger y asistir a las víctimas y sus familias. Básicamente la política pública en materia de lucha contra la trata.

Sin embargo, actualmente el Comité se ha circunscripto a diligencias operativas, de gestión y capacitación pertinentes al Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que ha generado preocupación sobre su capacidad para abordar la trata y explotación de personas de manera integral.

Otro ejemplo de esto, es el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que fue creado para administrar los bienes decomisados en causas judiciales relacionadas con la trata y explotación de personas, así como el lavado de activos provenientes de estos delitos y el mismo ser utilizado como único fin para la asistencia a víctimas.

Sin embargo, se han encontrado múltiples falencias en la gestión de este Fondo, incluyendo incumplimientos del fiduciario en cuanto a los pagos a víctimas de trata y los plazos establecidos para realizar los mismos. Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió disolver el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades establecidas en la Ley 26.364.

En su lugar, el Ministerio de Justicia asumirá la responsabilidad de tutelar los objetivos previstos en la Ley, y se financiarán acciones para atender a las víctimas de trata y explotación de personas a través de partidas presupuestarias ya destinadas para este fin. 

Posibles consecuencias del desfinanciamiento y de la eliminación de políticas públicas

Consecuencias de alta gravedad y prioridad

1. Revictimización: La falta de apoyo y protección a las víctimas de trata y explotación puede llevar a que sean revictimizadas, lo que puede tener consecuencias devastadoras para su salud mental y física.

2. Aumento de suicidios: La falta de apoyo y protección a las víctimas de trata y explotación puede llevar a un aumento en los indicadores de suicidio, lo que es una consecuencia extremadamente grave y preocupante.

3. Aumento de ETS: La falta de apoyo y protección a las víctimas de trata y explotación puede llevar a un aumento en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS), lo que puede tener consecuencias graves para la salud pública.

Consecuencias de media gravedad y prioridad

1. Aumento en el número de víctimas de trata y explotación de personas: La falta de apoyo y protección a las víctimas de trata y explotación puede llevar a un aumento en el número de personas que son víctimas de este delito.

2. Mayor exposición a la explotación y la violencia para las comunidades más vulnerables: La falta de apoyo y protección a las víctimas de trata y explotación puede llevar a que las comunidades más vulnerables sean más expuestas a la explotación y la violencia.

3. Falta de coordinación y colaboración entre los distintos sectores del gobierno: La falta de apoyo y protección a las víctimas de trata y explotación puede llevar a una falta de coordinación y colaboración entre los distintos sectores del gobierno, lo que puede debilitar la respuesta del Estado ante este delito.

Consecuencias de baja gravedad y prioridad

1. Estigmatización social: La falta de apoyo y protección a las víctimas de trata y explotación puede llevar a una estigmatización social de las personas que han sido víctimas de este delito.

2. Mayor incremento de gasto en salud pública de asistencia en ayudas sociales: La falta de apoyo y protección a las víctimas de trata y explotación puede llevar a un mayor incremento de gasto en salud pública de asistencia en ayudas sociales, lo que puede ser una carga financiera para el Estado.

3. Debilitamiento de la respuesta del Estado ante el delito de trata de personas: La falta de apoyo y protección a las víctimas de trata y explotación puede llevar a un debilitamiento de la respuesta del Estado ante este delito, lo que puede permitir que las organizaciones criminales que manejan la industria se fortalezcan y crezcan en número y poder.