El Pacto de Mayo y la idea de un “nuevo contrato social”

Los primeros 100 días de gestión suelen ser la “luna de miel” de cualquier nuevo gobierno. Es el momento más cercano al triunfo electoral, donde el recién electo presidente mantiene su imagen positiva de la campaña, es la oportunidad de esta nueva gestión para impulsar las reformas clave y los ejes que requieren más discusión mientras todavía tiene la legitimidad y apoyo electoral. En el caso del nuevo gobierno de Javier Milei, la mayor reforma política que intentó impulsar, la llamada Ley Bases, cayó en la votación por artículos en la Cámara de Diputados. 

Ahora resta por ver cómo evolucionarán las políticas que quiera llevar el presidente durante su primer semestre con el nuevo paquete de reformas que deberá impulsar a través del Congreso, dividido en dos leyes en temas más reducidos que la ley bases original. A esto se le sumó en marzo el anuncio del “Pacto de mayo”, que consisten en 10 puntos que deberían ser el norte de la política de gestión durante los 4 años de gobierno. Estos puntos se concentran mayormente en cuestiones económicas, dejando de lado puntos como la salud y la educación. Ambas cuestiones, las leyes de reformas y el pacto de mayo, están siendo negociadas por el gobierno, con Guillermo Franco a la cabeza de las negociaciones, con los distintos gobernadores nacionales, intentando ganar apoyo para la votación legislativa y las medidas que el ejecutivo está impulsando para este “nuevo contrato social” (así definido por el propio presidente). No es sorprendente que la estrategia ejecutiva ahora sea la apelación a los gobernadores, luego del fracaso de la ley bases en febrero. En este sentido, se continúa con la búsqueda de apoyo estratégico en distintos sectores de gobierno. 

En este marco, resulta importante analizar cuál es el horizonte que se plantea el gobierno y si existen otras alternativas viables a las reformas que propone. Cabe preguntarse, a su vez, si existe un “nuevo contrato social” sin educación y salud entre sus puntos, qué clase de contrato social existe únicamente limitado a la economía. El Pacto es un compromiso político que debería aglomerar diferentes facciones de gobierno. La promoción por parte del ejecutivo de legislación se ve reflejado en la nueva ley bases a votarse en la cámara de diputados, donde se incluye entre otros temas, la declaración de emergencia en materia administrativa, la reforma laboral, las privatizaciones, entre otros temas. 

Entonces, ¿cuáles de los puntos del pacto se encuentran hoy en discusión en la ley bases? ¿cuáles son aquellos que quedarán de lado para futuras discusiones? Y por otro lado ¿existen alternativas a aquello que propone el Gobierno?

Los 10 puntos que componen el contrato social del Poder Ejecutivo son (cabe destacar a su vez que sólo se menciona a las provincias en la explotación de los recursos naturales, algo que se propuso en la Ley Bases original, con la derogación o desregulación de la ley de bosques, la ley de glaciares, presupuestos mínimos, entre otras):

1. La inviolabilidad de la propiedad privada

2. El equilibrio fiscal innegociable

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio

5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual

6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación

9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global

Más allá de ser meros enunciados, de estos 10 puntos, podemos encontrar la reforma laboral, vestigios de una “reforma política” (con las insistentes desregulaciones y privatización de empresas del estado), reforma tributaria (contemplada en el las modificaciones propuestas para el impuesto a las ganancias) y la reforma previsional en la Nueva Ley Bases, como parte de la reforma del Estado. Si bien todavía resta la aprobación del Senado, las propuestas laborales se relacionan a la promoción del empleo formal, sino más bien a brindar políticas más laxas y la desregulación del mercado de trabajo. Esto incluye un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones; un periodo de blanqueo destinado a empresas que decidan regularizar la situación laboral de sus empleados, para promocionar el empleo registrado y la ampliación a un año del período de prueba. 

Respecto del gasto público en los primeros tres meses de gobierno ha presentado una reducción del gasto en torno al 29% en términos reales. Esta caída se explica en su mayoría por las transferencias a las provincias (que cayeron un 76% anual real), jubilaciones y pensiones (que sufrieron una caída del 31%), entre otros. A su vez, las cuentas presentaron un superávit fiscal inédito en el país desde 2008. En una cadena nacional, el presidente insistió que “Este es el único punto de partida posible para terminar con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad. El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad”. Ahora bien, no hay ninguna mención a cómo el Estado gasta sus recursos, siendo entonces un mero número sin pretensiones de eficiencia ni evaluación de las responsabilidades del Estado para con la sociedad. Si bien es importante tener en cuenta el desmedido gasto público de los últimos años, no es una cuestión únicamente de cuánto sino de en qué se gasta. 

Es decir, hay que comprender en esta lógica cómo es que el Estado puede operar de manera eficiente y acorde a los servicios que debe brindar a la población. Finalmente, desentonan cuestiones como el compromiso por la explotación de los recursos naturales, como una prioridad para la modernización y desarrollo del país, mientras que no se hace ninguna mención a la reducción de la pobreza o la calidad de vida de la población. Del mismo modo, la apertura al comercio internacional, plantea incógnitas sobre cómo piensa llevar a cabo este objetivo.

Con esta breve opinión, queremos destacar las falencias y los desafíos a futuro plantean las propuestas que el gobierno quiere impulsar de aquí a por lo menos el primer año de gobierno. Por lo pronto desde Evolución y los equipos de la Fundación Argentina Porvenir se trabajó en proyectos que versan sobre educación, movilidad jubilatoria, equidad salarial en el sector público y regulación del uso del mecanismo de DNU. Todos ellos son temas incluidos en la Ley bases o el DNU 70 presentado por el Poder Ejecutivo, análogos al nuevo compromiso político que quiere obtener a través del Pacto de Mayo. En los mismos se presentan alternativas a las propuestas por el gobierno, con la intención de mejorarla, siempre que se prese espacio para el diálogo y la generación de consensos. A modo de resumen, las iniciativas propuestas son: 

• Esencialidad en la educación: plantear a la educación como derecho esencial para la población.

• Movilidad jubilatoria

• Equidad salarial en el sector público: equiparación salarial para que los salarios de los funcionarios del sector público no puedan ser superiores a la remuneración mensual del Presidente de la Nación. A su vez, los funcionarios abarcados por la ley  no podrán tener una actualización o movilidad superior al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. El ahorro generado por esta equiparación salarial estaría destinado a un fondo especial para el financiamiento de iniciativas en el ámbito de la educación y el desarrollo educativo.

• Regulación de los DNU: evitar que el DNU sea moneda corriente en los ejecutivos como medida para imponer su agenda en temas que requieren un verdadero consenso político.