Capacidades estatales en educación, seguridad y salud
El objetivo de esta charla es poder dialogar sobre tres temas clave para el desarrollo del país, pensando como punto de unidad las capacidades que el Estado debe fortalecer y modificar para poder garantizar estos derechos humanos básicos. Estos espacios son necesarios para que tanto especialistas como la ciudadanía comiencen a debatir. Consideramos central para los derechos humanos la provisión estatal de estos tres servicios que abordamos hoy, en un contexto en el cual cada vez más se debate y cuestiona que sea el Estado quien debe proveerlos. Reunimos para esto a tres panelistas, cada uno experto en una de las áreas que vamos a abarcar, porque entendemos que si bien son servicios que se brindan desde el Estado hace años tienen sus deficiencias. Vemos como estas deficiencias se repiten y reiteran en cada una de estas áreas y queremos debatir al respecto para no mirar a otro lado y poder verdaderamente fortalecer la educación, seguridad y salud.
Cecilia Veleda
Licenciada en Psicología (UBA)- Máster en Ciencias de la Educación (Université de Paris V - Réné Descartes) - Doctora en Sociología de la Educación (EHESS). Fue coordinadora de educación en CIPPEC (2001-2015) y directora del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación (2015-2019). Hoy es profesora de maestría en UTDT y Universidad Austral, consultora de IIPE-UNESCO y coordinadora de Educación en la Fundación Arg. Porvenir.
Presentación del libro “La Cocina de la Política Educativa: quiénes, cómo y en qué condiciones deciden lo que ocurrirá (o no) en las escuelas”
Hablar sobre cómo se implementan políticas educativas en nuestro país es clave para poder enriquecer y fortalecer el sistema educativo. Después de trabajar 15 años en el área de educación de CIPPEC, percibí que en general en los debates sobre política educativa, en las investigaciones, la mirada estaba demasiado puesta en el contenido de la política educativa. Pero, el “cómo” se hace política educativa quedaba relegado. Es muy difícil entrar a la cocina de la política educativa sin haber formado parte del sistema. Al estar a cargo del Instituto Nacional de Formación Docente, tuve la oportunidad de entablar muy buenas relaciones prácticamente con todos los responsables de la educación superior de las 24 provincias. Eso me permitió luego de dejar ese lugar retomar ese diálogo para poder tener testimonios a los cuales es muy difícil llegar.
Al terminar la gestión quise recuperar los testimonios de quienes lideran la educación en las 24 provincias del país, considerando que vivimos en un país federal y que la mayoría de las atribuciones educativas se encuentran en manos de las provincias. A pesar de ello, parece que seguimos mirando al Ministerio de Educación como si fuera el órgano rector de la política educativa a nivel nacional, buena parte de los funcionarios y autoridades están mirando a los grandes expertos de la Ciudad de Buenos Aires que nunca estuvieron en la gestión ni en una escuela. Se recupera poco la experiencia de quienes hacen política educativa en las provincias, un testimonio necesario para poder identificar los bloqueos, puntos de mejora, tener experiencia acumulada que puede ser útil para otros. Con esta experiencia acumulada y Estados sólidos, es posible realizar mejoras sistémicas en la educación, como lo demuestran varios ejemplos de países vecinos.
Es por esto que el libro se basa en 50 entrevistas realizadas durante 2020, que describen un panorama bastante sombrío de la educación en las provincias. Esta realidad sin embargo no contradice que haya muchísimo compromiso y pasión en el sistema educativo desde los propios docentes hasta los funcionarios que trabajan en el sistema. Pero también reafirma que la pasión no es suficiente para alcanzar resultados a gran escala. A modo de diagnóstico, hoy en Argentina en tercer grado 4 de cada 10 chicos no saben leer correctamente, esto se debe no solo a qué políticas se implementan sino que tampoco hay grandes debates sobre cuáles son las prioridades.
Cómo resultan entonces las capacidades estatales en materia educativa. En materia de quiénes implementan la política, Ministros elegidos sobre la hora por su proximidad con el gobernador y su “cintura política”, mientras que hay poca trayectoria en los equipos técnicos, los equipos administrativos son aquellos que se mantienen en su cargo y hacen valer su estabilidad a través del control de la información y procesos. En términos de cómo se implementan las políticas, no hay un plan que ordene las prioridades ni la dirección, hay poca coordinación interna, perjudicada por bloqueos administrativos y burocráticos. Por otro lado, la relación con otros actores como los demás Ministerios, sindicatos y municipios es vista como compleja y un factor de conflicto. Todo esto resulta en que la política pública sostenida es más la excepción que la regla, y no lleva a que se invierta tiempo y dedicación a una política educativa ordenada. Hay estudios internacionales que demuestran que es muy difícil mejorar el sistema educativo completo. La cuestión es cómo mejorar todas las escuelas, como garantizar el derecho a educación de todos los estudiantes.
Leandro Halperín
Abogado (UBA), especializado en políticas penitenciarias y prevención del delito. Ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es Comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Seguridad
Hay que rescatar de estos encuentros la transversalidad en estos diagnósticos y las respuestas que llevamos, que nos demuestran que cada uno de su compartimiento estanco (educación, seguridad y salud) no puede resolver su problema ni abordarlo desde su propio lugar. Necesitamos pensar en soluciones interdisciplinarias.
Para nosotros la seguridad abarca una situación de conflicto, en el cual el Estado se apropia tanto de la prevención como la resolución del mismo. Esto hace que llamemos por conflicto de seguridad a un montón de situaciones que tienen como denominador 2 cosas: el nombre (delito), y la respuesta que el Estado prevé. En general, el problema surge cuando el Estado fracasa en la prevención del conflicto y proporciona una respuesta igualadora, la privación de la libertad, sin perjuicio de las características de ese conflicto. No son lo mismo pero el Estado aborda desde una misma área y con recursos de similares características.
Desde un punto de vista técnico, podemos dividir los delitos de dos formas: por niveles de complejidad y quien aborda la resolución del conflicto (a nivel nacional/federal, nivel provincial, o municipal), y por momentos para distintas políticas públicas (prevención, represión y reparación/sanción). El análisis de cómo se implementan las políticas, más allá de que tipo de políticas se implementan, es motivador para ser replicado en otras áreas, ya que en conclusión siempre analizamos problemas similares. La seguridad tiene como denominador común que no hay planificación previa, que no hay un diagnóstico de cómo funciona el sistema en los distintos niveles, no hay una respuesta estratégica y el Estado funciona casi siempre como una manera reactiva. En el poder ejecutivo la gestión de la seguridad termina siendo del día a día, yendo detrás de la urgencia y eso dificulta la planificación a largo plazo para la prevención del delito. Las respuestas que se toman son como consecuencia de un hecho puntual que por características específicas impacta a la sociedad y demanda una reacción. Por ejemplo, el agravamiento de penas, que si bien puede ser necesario, no es una manera de prevenir los conflictos ni de llegar al conjunto de actores que lo producen.
Se corre detrás de las urgencias que no fija el sistema de seguridad sino los gobiernos locales, provinciales, nacionales o los marcos internacionales. Al mismo tiempo se atienden de manera incorrecta los ejes transversales de una política pública de seguridad. A modo de resumen, hoy las prioridades deberían ser, por ejemplo, las economías delictivas, o la reducción de oportunidades para cometer ilícitos, los consumos, el abordaje de la privación de la libertad y las cárceles. Todas las áreas de gobierno tienen mucho para hacer en sus respectivas responsabilidades. Necesitamos comenzar a planificar respuestas desde el sistema y de manera ordenada, es inconcebible desde la seguridad pensar en una política pública efectiva que no contemple a los tres niveles de gestión estatal.
Marcelo Struminger
Médico especialista en Cardiología. Jefe de Unidad Coronaria del Hospital Francisco Santojanni de CABA. Presidente de la Filial Santojanni de la AMM. Miembro del Comité de Presidencia de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.
Salud
Cuando estamos en todos los niveles de gestión, nos resulta indispensable contar con los datos necesarios para hablar correctamente de las políticas en materia de salud. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos 15 comunas que deberían estar participando de las áreas específicas, incluida la salud, que hasta ahora no lo estamos viendo. Hay que hacer un énfasis en las comunas 4 y 8 (la zona sur de la ciudad). Cuales son las capacidades del sistema estatal en salud, 13 hospitales generales de agudos, 2 hospitales especializados de niños, hospitales especializados en numerosas áreas (materiales, salud mental, quemados, rehabilitación, etc.), 47 CESACS y 2 CEMAR, 13.000 enfermeros y técnicos, 7.000 administrativos, 15.700 profesionales y 3.500 residentes. Todo esto coordinado por un gran Ministerio de Salud.
La política que se tomó en los últimos años fue destinar la mayor parte de los recursos a la ampliación de los Centros de Salud, para así fortalecer la atención primaria y descomprimir los hospitales y ofrecerle a todos los ciudadanos un efector de salud a 5 minutos de su casa. Vemos a su vez una gran inequidad entre la zona norte y la zona sur de la Ciudad respecto del acceso a los distintos subsectores de la salud. En la zona sur, una mayor proporción de la población sólo accede al sistema público. ¿Cómo se busca garantizar mejor atención pública en una zona con menor cantidad de hospitales públicos? En el armado de CESACS, pero esto no logra desequilibrar el millón y medio de consultas en los hospitales perdidos en los últimos años. Actualmente, estos Centros llegaron a su techo, se agotó su capacidad de gestión. Tenemos 500.000 pacientes nuevos ingresados al sistema, una infraestructura que no está adaptada, no hay plan de mejoras, y no se reducen el cuello de botella de esperas para cirugías en los hospitales. Todos estos resultados fueron ineficientes a pesar de que cambió todo el paradigma en la gestión de la salud, hacia la regionalización y descentralización, hasta que volvemos hacia atrás (dentro de una misma gestión gubernamental) dependiendo de un Ministerio basado en la política y no en el conocimiento. El mismo sistema bloquea el conocimiento y eso se ve en 20 años de deterioro.
En todo este contexto, qué sucede con los médicos en un cambio constante de política, cuando además se posiciona a los médicos como el obstáculo para el desarrollo de los Master Plan del Gobierno. Hoy se nos plantea un sistema del estilo “llame ya” con el 147, con insatisfacción garantizada. Pasamos de una política de atención de cercanía a la atención rápida telefónica que te va a dar un turno en cualquier parte de la Ciudad, que puede ser en un hospital al que nunca atendieron al paciente, profundizando en datos innecesariamente que se encuentran perdidos en otro hospital. El sistema no está funcionando y la gente no está satisfecha. Entonces, nosotros desde la salud queremos atender pacientes, cuando la dinámica que se busca es que “veamos” pacientes, verlos rápido y en cantidad. Luego de eso hay que trabajar en curar al paciente, y entonces no están los recursos para dar respuesta a la demanda de los pacientes. Al entrar al hospital público se abre la puerta a todo un contexto social que suma una nueva carga a los médicos que deben atender en los consultorios. Necesitamos construir un nuevo plan de salud con todos los actores involucrados, con una cabeza científica que tenga en cuenta lo que sucede en todos los hospitales.
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