Mesa de Trabajo Violencia institucional y contextos de encierro - Martes 30 de Agosto

Mesa de Trabajo

Violencia institucional y contextos de encierro 

Equipo Derechos Humanos

Martes 30 de Agosto 

Objetivo

Establecer una conversación respecto de los contextos de encierro y la situación en las cárceles de Argentina, con un enfoque desde el derecho penal y la manera en la cual se aplican las penalidades de encierro.

Expositores

• Andrea Triolo: comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. 

• Josefina Ignacio: comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. 

• Leandro Halperin: equipo Derechos Humanos

Desarrollo

• Situación de la Ley Penal en Argentina 

Las expositoras plantean la necesidad de tener una visión crítica respecto de la política penal de los últimos 20 años, la cual no ha solucionado los problemas de fondo de los delitos que ocurren en Argentina. En primer lugar, se ha dado una expansión del derecho penal, con más de 900 modificaciones al código penal desde su sanción. Esta expansión se ha dado en forma de respuestas focalizadas en el corto plazo, sin pensar una respuesta integral desde la política penal. Sumado a esto, las diferentes reformas al código penal fueron dando reformas al bien jurídico, generando que se perdiera su orden inicial. 

Por lo tanto, hoy en día la política penal no es consistente desde el punto de vista de qué pena se asocia con qué delito (por ejemplo, se puede sancionar tanto un hurto como un homicidio con la misma pena, el encierro y la privación de libertad). Hoy, el bien jurídico no es una referencia suficiente como para establecer la pena. 

A esto, se le suma una penalización de muchas cuestiones que pueden merecer una sanción, pero que podría abrir el debate a cómo debería ser este tratamiento (por ejemplo, el plagio universitario).

• Encarcelamiento y sobrepoblación en las cárceles

El primer resultado de estas políticas penales es el aumento desmedido de personas encarceladas. Hoy hay 105.559 personas privadas de libertad en todo el país, mientras que la capacidad disponible de las cárceles construidas es la mitad (esto cuenta a las comisarías, alcaldías y destacamentos policiales).

Esto a su vez deriva en cárceles sobrepobladas y hacinamiento. Debido a que no hay suficiente espacio en las cárceles existentes para albergar a toda la población carcelaria, también se utilizan comisarías y alcaldías, pese a que no son espacios pensados para esta función, sin las condiciones necesarias para asegurar una estadía de largo plazo. 

• Falta de soluciones al aumento del delito

A simple vista las expositoras destacan que el aumento de encarcelamientos no impacta en la reducción del delito ni en la reducción de la violencia. El delito viene creciendo desmedidamente, desde los años 90. A modo de ejemplo, entre 1991 y 2005 la tasa de delito creció en un 94%. No hay una correlación entre las reformas a la política penal y el fin de la impunidad. Esto se puede analizar a través de la idea que la política penal en los últimos años, y el encarcelamiento como consecuencia de cualquier delito, se ha utilizado para intentar resolver cuestiones que tienen que ver con la política social. 

• Características de la población privada de libertad

Anteriormente solo el 2% de los delitos estaban relacionados con el narcomenudeo, mientras que hoy es el 11%. Las principales encarceladas por delitos de narcomenudeo son las mujeres. En las cárceles de PBA, el 60% de las mujeres encarceladas es por este delito. Dentro de la población trans, el 90% tiene que ver con delitos de droga. Sin embargo, son el último eslabón de la cadena de narcotráfico. En la mayoría de estos casos, la comisión de un delito tiene que ver con la necesidad de subsistencia y no con el delito en sí. En estos casos, el encarcelamiento no ayuda a combatir las redes de narcotráfico. 

A su vez, por primera vez las cárceles alojan más condenados que procesados, es decir, la mayoría de las personas están alojadas por primera vez en las cárceles. 

Finalmente, es notorio que cambió la población penitenciaria. Hay que tener en cuenta el impacto de la pandemia. Con la mayoría de los espacios sociales cerrados, muchos jóvenes ingresaron al sistema penitenciario. Hoy se observa una mayoría de la población encarcelada con condiciones de vida vulnerables, sin acceso a servicios básicos a lo largo de su vida. 

• Políticas de Estado necesarias

En líneas generales no hay una política efectiva que contemple cómo puede hacer el Estado para que en el tiempo en que una persona esté privada de la libertad se logre una reinserción a la vida pública. 

Primero, es necesario pensar qué mecanismos a “corto plazo” existen como para funcionar como alternativa a la cuestión del encierro. Por ejemplo, hoy en día hay una gran dificultad para el acceso a las salidas anticipadas, lo cual ayudaría a descomprimir las cárceles, en base a informes criminológicos objetivos. 

En segundo lugar, se deberían utilizar mecanismos alternativos antes de llegar a la prisión. Esto no implica que ciertos delitos sean sancionados con la privación de libertad. Pero, hoy en día esto es utilizado como el primer elemento de acción.

Tercero, una política que se está implementando en algunos casos es la creación de Comités de prevención y solución de conflictos. Estos espacios pueden servir dentro de las cárceles para mejorar no solo la vida de la población carcelaria sino para que pueda trabajarse sobre el delito que cometieron y evitar la reincidencia. Las cárceles sirven para castigar pero también sirven para prevenir delitos en el futuro, se deberían mirar con una perspectiva de reducción de daños.

Hay que pensar en las cárceles en términos de trayectorias de inclusión. No es posible que el abordaje de todo lo que rodea a la población carcelaria se haga a través del sistema penitenciario. Es necesario que estén involucrados el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y  el Ministerio de Educación. Hoy en día, esos derechos en la cárcel generalmente se convierten en privilegios. A modo de prueba piloto, estas cuestiones pueden trabajarse dentro de las unidades de jóvenes adultos, donde en su mayoría son ingresados primarios, con operadores penitenciarios que sean trabajadores sociales, con otra formación más allá de la policial.

Un último punto a tener en cuenta concierne al personal penitenciario, Hay que considerar las malas condiciones con las que trabajan, y los niveles de corrupción a los cuales están sometidos. Cualquier trabajo de repensar la privación de la libertad implica también recalificar el trabajo del personal penitenciario. Esto se complementa escuchando víctimas de delito.

• La Ciudad de Buenos Aires y el alojamiento en comisarías 

Este año, luego de la pandemia, se vio en la Ciudad una situación que hasta el momento no había llegado: la detención de personas en comisarías y alcaldías. De estas personas, la mayoría (alrededor de un 80%) pertenecen a la justicia nacional. Hoy en día, la Ciudad de Buenos Aires no tiene un sistema penitenciario propio.

• Propuestas para un modelo penitenciario 

En conclusión, los expertos delinean las siguientes propuestas a tener en cuenta a la hora de pensar una reforma en el sistema penitenciario y que tenga una perspectiva orientada hacia la reducción de daños: 

1. Las unidades tienen que estar cerca de los centros donde viven las familias de la población encarcelada.

2. Las unidades deben tener facilidades de acesso, transporte público, telefonia e internet.

3. Debe haber intervención de las áreas de gobierno encargadas de la promoción social: salud, trabajo y educación. 

4. Debe haber intervención de otras áreas de gobierno pertinentes, por ejemplo de los sistemas de documentación (RENAPER), dado que muchas personas privadas de la libertad están indocumentadas.

5. Hacer un foco particular en políticas penitenciarias.

6. Garantizar que se use a la cárcel como parte de una trayectoria inclusiva.

7. Contar con cuerpos penitenciarios integrados como cuerpo civil y delegar el resguardo del perímetro y uso de la fuerza en otro cuerpo, no tiene que ser el rol de los que gestionan la cárcel.

8. Tener como requisito la educación formal de todos los funcionarios penitenciarios.

9. Abandonar las grandes cárceles y reemplazarlo por unidades más pequeñas y manejables.

10. Abrir la cárcel a la comunidad.

•  Casos para tomar como referencia

1. Comités de prevención del delito en la cárcel de Mar del Plata 

2. Sanción de delitos de narcomenudeo a través de supervisión del delincuente, que no implique necesariamente la encarcelación.

3. Revisar los estudios de gasto penitenciario del SPF. 

4. Unidades carcelarias de Ezeiza, para tomar las características de los módulos (que alojan aproximadamente a 300 personas) como referencia.